Según las sospechas de la Justicia gala, la dirigente, su partido Agrupación Nacional (RN) y otras 26 personas pusieron en marcha de “forma concertada y deliberada” un “sistema de malversación” de los 21.000 euros (22.500 dólares) al mes con los que cuenta cada eurodiputado para pagar a sus asistentes parlamentarios.

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